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Colombia: la justicia no es ciega, solo mira para donde quiere “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.” — Martin Luther King Jr. La reciente captura de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epacolombia, vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo: ¿la justicia en Colombia realmente se aplica de manera equitativa? La respuesta, a simple vista, es un rotundo no. Mientras ella enfrenta una condena por vandalismo, otros personajes con un historial delictivo mucho más grave siguen en libertad, ocupando cargos políticos o incluso reorganizando estructuras criminales sin que nada les pase. No se trata de justificar lo que hizo Epacolombia ni de decir que no merezca una sanción. Ella misma, con su comportamiento impulsivo y provocador, se puso en la mira de la justicia cuando decidió vandalizar una estación de TransMilenio en el marco de las protestas de 2019. Y claro, el daño a la infraestructura pública es un delito que debe ser castigado. Pero lo que genera indignación no es que ella sea sancionada, sino que mientras su caso avanza con rapidez y con penas ejemplarizantes, otros delincuentes con prontuarios mucho más graves siguen intocables. A lo largo de los años, hemos visto cómo la justicia colombiana ha operado con doble rasero. Los líderes de la extinta guerrilla de las FARC, responsables de asesinatos, secuestros, masacres y todo tipo de atrocidades, no solo fueron beneficiados con amnistías y acuerdos de paz, sino que muchos de ellos hoy ocupan curules en el Congreso sin haber pasado un solo día en prisión. Mientras tanto, a otros ciudadanos por delitos menores se les cae todo el peso del aparato judicial, como si la justicia necesitara demostrar que sí funciona, pero solo con algunos. El problema se agrava cuando vemos que la impunidad no solo ha permitido que estos exlíderes guerrilleros eviten pagar por sus crímenes, sino que en muchos casos han vuelto a la actividad delictiva. Lo que ocurre en el Catatumbo es una prueba de ello. Excombatientes de las FARC han librado una guerra con el ELN por el control territorial de la región, demostrando que nunca dejaron del todo la violencia y que, en lugar de construir paz, siguen viendo las armas como un mecanismo legítimo de poder. Lo peor es que no tienen reparo en decirlo públicamente. Recientemente, en medio de los enfrentamientos con el ELN, algunos de ellos declararon con total descaro que “ni los paramilitares pudieron con ellos y que ahora el ELN tampoco podrá vencerlos”. Ese es el nivel de cinismo con el que se manejan: no solo siguen activos en la guerra, sino que lo presumen como si fuera una medalla de honor. Y mientras tanto, el Estado, que debería garantizar justicia y orden, simplemente mira para otro lado. Aquí el problema no es solo la impunidad, sino el mensaje que esto envía a la sociedad. Cuando la gente ve que alguien que destruyó una estación de TransMilenio termina en la cárcel, mientras que un exguerrillero que ordenó asesinatos y secuestros camina libre, da entrevistas y ocupa cargos públicos, el mensaje es claro: la justicia no se basa en la gravedad del delito, sino en quién eres y qué tan útil puedes ser para el sistema político. Ese desequilibrio es lo que destruye la confianza en las instituciones. No es solo una cuestión jurídica, sino un problema social profundo. La gente empieza a sentir que la justicia no es una garantía, sino una herramienta arbitraria que se usa para castigar a algunos y proteger a otros. Y cuando un país pierde la confianza en su sistema judicial, lo que sigue es la ley del más fuerte, la desobediencia y la falta de credibilidad en el Estado. No se trata de pedir impunidad para Epacolombia, sino de exigir coherencia. Si el Estado quiere aplicar la ley con rigor, que lo haga con todos. Si exige justicia para unos, que la exija para todos. De lo contrario, seguirá quedando la sensación de que en Colombia la justicia no es ciega, sino que simplemente decide mirar para donde le conviene.

Las islas y la estaca invisible En política hay resultados que sorprenden. Y hay otros que simplemente confirman lo que muchos ya intuían. Lo ocurrido en las últimas elecciones a la Cámara de Representantes en San Andrés y Providencia pertenece a esta segunda categoría. No hubo terremoto político ni ruptura del mapa de poder. Los mismos liderazgos que ya completaban dos periodos ocho años se mantienen firmes y ahora se proyectan hacia un tercero. Si ese ciclo se cumple, serán doce años consecutivos representando al archipiélago en el Congreso. Doce años no son poca cosa. Es tiempo suficiente para transformar realidades profundas, para marcar un rumbo claro, para dejar una huella visible en la historia de un territorio. Pero también es tiempo suficiente para que una sociedad se pregunte con honestidad hacia dónde va y si el camino recorrido ha sido realmente el que esperaba. El resultado electoral demuestra algo que en las islas muchos saben, aunque pocos lo digan con claridad: la estructura del poder sigue siendo fuerte. Cuando un liderazgo permanece durante tanto tiempo, alrededor suyo se forma una red que lo sostiene. Operadores políticos, estructuras territoriales, relaciones construidas durante años y sectores que encuentran en la continuidad una forma de preservar su propia estabilidad. El poder, cuando se acostumbra a permanecer, aprende a defenderse. En esta elección también hubo intentos de renovación. El partido La Fuerza presentó dos candidatos nuevos, caras nuevas que buscaban abrir espacio en un escenario político bastante cerrado. Pero no alcanzó. Pareciera que en las islas la juventud, por sí sola, todavía no logra romper una estructura que lleva años consolidándose. El Partido de la U apostó por otro camino. Presentó exdiputados con experiencia, figuras conocidas dentro de la política local. Pero tampoco fue suficiente. A veces la experiencia pesa, pero otras veces el electorado también envía un mensaje silencioso: el pasado político no siempre garantiza el futuro electoral. Pero lo verdaderamente inquietante no está solo en los números. Días antes de la elección escuché a un conocido decir algo que todavía me ronda la cabeza. Comentaba que ese día había que “rebuscarse los 300 mil pesos”. Lo dijo con una naturalidad que casi dolía. Y lo curioso es que ese mismo hombre, semanas antes, hablaba con preocupación de cómo las bandas estaban reclutando menores en su barrio, de cómo el miedo se estaba instalando en las calles y de cómo ya no era tan fácil caminar tranquilo por ciertos sectores. La contradicción es evidente. Nos preocupa la violencia, pero al mismo tiempo normalizamos prácticas que debilitan las instituciones que deberían contenerla. Mientras tanto, la vida sigue su curso bajo el ritual de la llamada “fiesta democrática”. Un día antes de las elecciones hubo un homicidio en las islas. Al día siguiente se abrieron las urnas, se votó y todo siguió adelante como si nada. Pero en voz baja también circulan rumores persistentes de constreñimiento al elector. Comentarios sobre presiones, favores o recordatorios sutiles de quién controla los empleos y los contratos. Y ahí está quizá uno de los puntos más delicados. En el archipiélago el trabajo es un asunto de supervivencia. La economía gira esencialmente entre el turismo y el sector público. Cuando buena parte del empleo depende directa o indirectamente del poder político, la libertad del voto se vuelve más frágil de lo que solemos admitir. No hace falta una amenaza abierta. A veces basta una insinuación. Así, poco a poco, la democracia termina caminando con dificultad. Existe, claro que existe. Hay campañas, hay urnas, hay resultados. Pero también hay condiciones que la hacen imperfecta. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿hay salida? Yo creo que sí. Pero también creo que no todos logran verla. Porque la fe en lo posible depende muchas veces de lo que uno ha aprendido a creer durante años. Cuando una sociedad crece viendo siempre el mismo mapa de poder, termina pensando que ese mapa no puede cambiar. Las islas a veces me recuerdan la vieja metáfora del elefante atado a una estaca. Cuando era pequeño lo amarraban a una estaca similar y cada vez que intentaba liberarse no podía hacerlo. Con el tiempo dejó de intentarlo. Años después, convertido ya en un animal enorme y poderoso, sigue atado a una pequeña estaca que podría arrancar sin dificultad. No permanece allí por falta de fuerza. Permanece allí porque aprendió a creer que no podía romperla. Tal vez ese sea el verdadero desafío del archipiélago. No solo cambiar nombres en una elección, sino volver a creer en su propia fuerza colectiva. Porque los pueblos, como las personas, a veces se acostumbran demasiado a lo que conocen, incluso cuando saben que podrían aspirar a algo distinto. Y sin embargo la historia demuestra algo sencillo: ningún poder es eterno. A veces basta un momento de conciencia para entender que la estaca nunca fue tan fuerte como parecía. Que la fuerza siempre estuvo ahí. Y que lo único que faltaba era volver a creer en ella. ¿Yo sí creo y tú ?

El salario mínimo sube… pero la economía no se decreta. El incremento del salario mínimo en Colombia era necesario. Negarlo sería desconocer la realidad cotidiana de millones de trabajadores. Yo también fui empleado. Sé lo que se siente cuando el salario no alcanza y cada ajuste representa un pequeño alivio. Hasta ahí, no hay discusión. La discusión empieza cuando la decisión se toma como si la economía respondiera a decretos y no a causas y efectos. Porque en economía nada ocurre en el vacío. Todo movimiento tiene consecuencias. Y la pregunta que muchos evitaron fue simple, pero crucial: ¿por qué no se revisaron con mayor rigor las cifras reales de crecimiento económico antes de fijar el aumento? No se trata de anunciar quiebras masivas ni de repetir el discurso del miedo. Se trata de entender que cuando los costos laborales suben y la economía no crece al mismo ritmo, el ajuste no desaparece: se traslada. Y suele trasladarse al empleo, a la informalidad, a los precios o a la automatización. En medio de este debate aparece una frase que se repite con ligereza: “el consumo es el que crea empleo, no los empresarios”. Suena bien. Pero es falsa. Veamos un ejemplo sencillo. Un barrio tiene una panadería. La gente consume pan todos los días. El consumo existe y es constante. Ahora bien: ¿el consumo contrata al panadero? ¿Compra el horno? ¿Asume el arriendo, los impuestos, la seguridad social y las pérdidas cuando las ventas bajan? No.Eso lo hace alguien que decide invertir, organizar trabajo y asumir riesgo: el empresario. El consumo no firma contratos. El consumo no paga nómina. El consumo no responde ante la DIAN ni ante un juez laboral. El consumo reacciona a lo que existe. El empleo nace antes, cuando alguien se atreve a producir. Si el salario mínimo sube, pero las ventas no crecen al mismo ritmo, el dueño de la panadería tiene solo tres opciones reales, no ideológicas: Subir el precio del pan,  no contratar o reducir personal,  Invertir en una máquina que haga el trabajo más barato y constante. En ninguno de esos escenarios el consumo “crea empleo”. Apenas absorbe el impacto del ajuste. Confundir consumo con creación de empleo es confundir el efecto con la causa.  El consumo sostiene empleos cuando hay producción rentable, pero no los crea si antes nadie arriesgó capital, tiempo y reputación. Y aquí entra la variable que muchos prefieren ignorar: la inteligencia artificial y la tecnificación del trabajo. Estamos en plena aceleración tecnológica. Los empleos repetitivos, operativos y de fácil reemplazo están en la primera línea de impacto. No por maldad empresarial, sino por eficiencia económica. Si el costo del trabajo humano sube y la productividad no acompaña, la automatización deja de ser una opción futura y se convierte en una decisión inmediata. Subir el salario mínimo sin una estrategia paralela de crecimiento, productividad, formación tecnológica y transición laboral no fortalece al trabajador, lo expone. No hoy. Más adelante. El salario digno no se discute. Se defiende.  Pero defenderlo sin pensar el futuro del empleo es una victoria de corto plazo con costos de largo alcance. La pregunta real no es si el aumento era necesario. La pregunta es si estamos preparando a la economía y a los trabajadores para sostenerlo en un mundo que ya cambió. Porque la tecnología no espera discursos,  y la economía, aunque a algunos no les guste, siempre pasa la factura. Ahora bien, en un país tan profundamente desigual como Colombia, hay decisiones que sí merecen celebrarse sin ambigüedades. Que se haya decretado la reducción del salario de los congresistas no resuelve la desigualdad estructural, pero envía un mensaje que durante décadas se evitó: el ajuste no puede recaer siempre sobre los mismos. En una sociedad donde al trabajador se le exige “apretarse el cinturón” mientras la élite política vive blindada del esfuerzo colectivo, bajar el salario del congresista no es venganza: es coherencia mínima. No equilibra la balanza, pero al menos deja de burlarse de ella. Subir el salario mínimo sin una estrategia paralela de crecimiento, productividad, formación tecnológica y transición laboral no fortalece al trabajador, lo expone. No hoy. Más adelante.